Hoy (5 de febrero de 2016) vence el plazo que la CIDH le dio al Gobierno de Guatemala para que informe sobre posibles desalojos en el Valle del Polochic. Mientras tanto organizaciones campesinas y demás movimientos populares dan 30 días hábiles al presidente Jimmy Morales para que implemente un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, el cual busca que las campesinas y campesinos de esa área “pasen de ser objetos de programas de desarrollo social y sujetos de criminalización a agentes de su propio desarrollo económico y social”.
A raíz de que el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz ordenara desalojar, el 28 de enero de 2016, a las comunidades Maya Q´eqchi, Bella Flor, Tinajas y Paraná del municipio de Panzós, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al Estado de Guatemala que informe sobre la fecha exacta en que se lleven a cabo los posibles desalojos en el Valle del Polochic. Si se habrían explorado la adopción de medidas especiales a fin de salvaguardar la vida e integridad personal de las comunidades Maya Q´eqchi. Y que informe sobre los ulteriores avances sobre los acuerdos alcanzados, en el marco de la concertación de medidas cautelares.
Esta solicitud fue hecha por la CIDH el 28 de enero de 2016, dando un plazo al Gobierno guatemalteco de 7 días para entregar dicha información, lo que significa que hoy es el último día para que el Estado mande los datos solicitados por ese órgano internacional de Derechos Humanos.
Cabe resaltar que la orden de desalojo fue solicitada al Ministerio Público, MP, de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, por la empresa Chabil Utzaj, esto pese a que los representantes de ese ingenio azucarero habían enviado cartas de oferta a la Secretaría de Asuntos Agrarios, para la venta de las fincas Paraná y Tinajas.
El 27 de enero, un día antes, en que se llevarían a cabo los desalojos se supo que se habían suspendido, pero la incertidumbre en las familias campesinas continúa porque la suspensión de los desalojos es temporal y se desconoce la fecha en que se lleven a cabo.
Las personas que habitan en las comunidades Bella Flor, Paraná y Tinajas son parte de las 800 familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, en marzo de 2011, y gozan de Medidas Cautelares dictadas por la CIDH en junio de ese año.
Hasta el momento, el Estado ha entregado tierra a 222 familias de las 800 desalojadas, incumpliendo las Medidas Cautelares y la promesa de Otto Pérez, de que no descansaría hasta entregarles tierra y un traslado digno a la totalidad de las familias desalojadas en el 2011.
En relación a lo anterior este 5 de febrero el Comité de Unidad Campesina –CUC- y organizaciones miembros de la Asamblea Social y Popular presentaron al Gobierno un documento en donde se demanda resolver la situación agraria del Polochic, dando un plazo de 30 días hábiles para hacerlo.
De acuerdo con Rafael González, dirigente del CUC, en el documento se exige al Gobierno de Jimmy Morales que se implemente un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, esto lleva implícito la entrega de tierra a las 578 familias desalojadas que están pendientes de que el Estado les cumpla. Además se busca convertir al Valle del Polochic en una región productiva en donde el Estado proteja y adquiera la producción campesina garantizando precios estables al productor y consumidor.
Redacción: José G. Cubur
Valle del Polochic, Guatemala 