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Dos nuevas injusticias clavadas en el corazón del Valle del Polochic

Publicado en Prensa Comunitaria

Por: Laura Hurtado Paz y Paz

Abril de 2017

Desde 2011, cuando ocurrieron los desalojos violentos de 14 comunidades q’eqchi’es, se hizo evidente que el Valle del Polochic es un territorio atravesado por profundas injusticias e incesantes luchas sociales.  En 2002 inició el acaparamiento moderno de tierras por parte de unas pocas empresas y en 2005, cuando la expansión de la palma aceitera y el cultivo de caña de azúcar ocurrieron, académicos y defensores de derechos humanos advertimos que decenas de comunidades establecidas en el valle y en las montañas aledañas estaban perdiendo dramáticamente acceso a la tierra.  Muchas de estas comunidades nunca han contado con tierra en propiedad a pesar de haberla posesionado y trabajado desde tiempos inmemoriales y de haberla demandado y gestionado ante las instituciones agrarias del Estado desde los años 70, ¡hace ya casi medio siglo!  Otras, que habitan zonas menos aptas para la agricultura, habían tenido hasta entonces posibilidades de arrendar alguna pequeña parcela en el valle para producir granos básicos para la subsistencia de sus familias.  Esas puertas ahora están cerradas.

No es sorprendente, pues, que año con año, y principalmente cuando se acercan las lluvias, nuevas familias –integradas en su mayoría por parejas muy jóvenes y niños de corta edad—, busquen un pedazo de tierra no cultivado, abandonado o de fincas que se sabe están en litigio o han sido mal habidas, para sembrar sus milpas.  La Secretaría de Asuntos Agrarios sabe bien de ello pues da seguimiento a trámites y negociaciones con los que las comunidades buscan permanecer en esas tierras, habitarlas y cultivarlas en paz y con un horizonte de futuro.

En este marco ocurren dos nuevas injusticias sobre las cuales el Estado está obligado a actuar.  La primera, la captura y el encarcelamiento injustificado por tres meses ya de Abelino Chub Caal, fundamentados en denuncias falsas, en hechos y supuestos delitos inventados, que nunca ocurrieron y que no han sido probados.  Abelino es un joven q’eqchi’ trabajador de la Fundación Guillermo Toriello, egresado como Perito en Turismo Sustentable con enfoque de género del Instituto Particular Mixto “Ak Tenamit” y estudiante universitario con pensum cerrado de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Rafael Landívar con sede en Cobán.  Dos compañeros suyos, también defensores de derechos humanos, fueron asesinados cinco años atrás en la comunidad Quebrada Seca de Livingston.  Contrastando con las acusaciones que ahora enfrenta, Abelino fue llamado en varias oportunidades atrás por las autoridades municipales y empresarios locales para jugar el papel de mediador en conflictos de tierras.  Abelino es en realidad un preso político.

La segunda injusticia, la falta de cumplimiento de la sentencia dictada por la jueza competente en el Caso conocido como “Sepur Zarco”.  Las doce mujeres víctimas de violación y esclavitud sexual en 1982 y 1983 durante el conflicto armado interno, todavía no han sido beneficiadas por las medidas de reparación ordenadas por la jueza.  Muchas de las acciones de reparación requieren que la comunidad donde residen las mujeres pueda demostrar y documente la propiedad legal sobre sus tierras.  Y resulta que los maridos de estas mujeres de Sepur Zarco fueron asesinados justamente por encabezar los Comités de Tierra que demandaban títulos de propiedad ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria en los años 70.  En el curso del juicio quedó expuesta la forma anómala en que estas tierras fueron otorgadas en propiedad  a particulares allá en 1904.  Hoy en día, para solventar este viejo conflicto, no hay sino dos caminos: anular el registro original de tal propiedad y reconocer la posesión continuada, pacífica y de buena fe que la comunidad de Sepur Zarco viene ejerciendo sobre dichas tierras por lo menos desde 1950, o bien conducir un proceso de negociación con los propietarios privados que aparecen en los libros del Registro General de la Propiedad, aunque éstos nunca hayan posesionado ni trabajado dichas tierras, para que vendan la tierra al Estado y éste pueda otorgarla a la comunidad Sepur Zarco.  Pero después de un año de haberse dictado sentencia en este caso, ninguna autoridad del Estado se atreve a “ponerle el cascabel al gato”.

De manera que todos sabemos que el valle del Polochic es un polvorín por causas conocidas: el tema agrario en primer lugar; pero quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de sus pobladores no lo hacen, ni toman decisiones ni acciones para ejecutar lo que ya el Sistema de Justicia ordenó. Como sociedad no necesitamos más enfrentamientos, represión, cárcel ni sangre ni sufrimiento de quienes luchan por derechos elementales, así como tampoco de las comunidades indígenas que apenas subsisten.   Necesitamos sí,  un Estado que se decida –por fin— a abordar el tema agrario, fuente de tanta conflictividad y elemento básico para asegurar la subsistencia de los más pobres en el campo y hacer efectivo el combate al hambre y la extrema pobreza.  Urge, pues, atender la justísima y ancestral demanda de tierra de las comunidades q’eqchi’es de esta zona del país.  Y, en justicia, debe liberarse de inmediato a Abelino Chub Caal y resarcirse ya a las mujeres de Sepur Zarco.  Estas son dos nuevas injusticias clavadas en el corazón del valle del Polochic, que no conseguirán detener las justas demandas sociales ni evitarán que familias misérrimas ocupen y cultiven la tierra por mera sobrevivencia.

El Polochic: el desarrollo ausente

Abro la nota, expresando mi respeto y solidaridad con Hermelindo Cux, Fredy Qib –y el Comité de Unidad Campesina–. Estas personas, fueron agredidas con objetos contundentes y machete en Panzós, Alta Verapaz. Los atacó una gavilla armada haciendo alarde de impunidad, fuerza y profiriendo amenazas de muerte contra Hermelindo Cux, defensor comunitario y miembro del CUC. Esperamos que este atentado, no sea el inicio de otras acciones de represión privada sobre la dirigencia campesino/indígena de aquella rica zona del país; en donde “casualmente” habita la población más pobre de Guatemala. INE y Banco Mundial.

Por Helmer Velázquez en El Periódico

14 de julio: 81 familias reciben tierras en el Polochic

El 14 de julio de 2016, 81 familias recibieron las tierras que en marzo de 2011 les fueron arrebatadas a sangre y fuego en el Valle del Polochic. Aún faltan 548 familias. ‪#‎DeJimmyDepende‬

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Familias del Polochic y el Gobierno firman acuerdo marco

Según el Comité de Unidad Campesina, De cumplirse los compromisos en el 2018 podría terminar el calvario para 578 familias que viven en condiciones paupérrimas.

http://www.cuc.org.gt/es/index.php?option=com_content&view=article&id=918:familias-del-polochic-y-el-gobierno-firman-acuerdo-marco&catid=36:noticias&Itemid=57

La candidata de los pobres dejó a la intemperie a 769 familias

A la candidata de los pobres, Sandra Torres, le puede más su pragmatismo (o su conservadurismo). En el último año del gobierno de la UNE en 2011, cuando intentaba conquistar a los empresarios más conservadores para que no boicotearan su candidatura presidencial, participó en la decisión del desalojo de 769 familias en una finca de una de las familias de la élite nacional: los Widman, cuñados del expresidente Óscar Berger. Ésta es la historia olvidada.

https://nomada.gt/la-candidata-de-los-pobres-dejo-a-la-intemperie-a-769-familias/

Emplazan al Gobierno de Guatemala por caso Polochic

Hoy (5 de febrero de 2016) vence el plazo que la CIDH le dio al Gobierno de Guatemala para que informe sobre posibles desalojos en el Valle del Polochic. Mientras tanto organizaciones campesinas y demás movimientos populares dan 30 días hábiles al presidente Jimmy Morales para que implemente un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, el cual busca que las campesinas y campesinos de esa área “pasen de ser objetos de programas de desarrollo social y sujetos de criminalización a agentes de su propio desarrollo económico y social”.

A raíz de que el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz ordenara desalojar, el 28 de enero de 2016, a las comunidades Maya Q´eqchi, Bella Flor, Tinajas y Paraná del municipio de Panzós, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al Estado de Guatemala que informe sobre la fecha exacta en que se lleven a cabo los posibles desalojos en el Valle del Polochic. Si se habrían explorado la adopción de medidas especiales a fin de salvaguardar la vida e integridad personal de las comunidades Maya Q´eqchi. Y que informe sobre los ulteriores avances sobre los acuerdos alcanzados, en el marco de la concertación de medidas cautelares.

Esta solicitud fue hecha por la CIDH el 28 de enero de 2016, dando un plazo al Gobierno guatemalteco de 7 días para entregar dicha información, lo que significa que hoy es el último día para que el Estado mande los datos solicitados por ese órgano internacional de Derechos Humanos.

Cabe resaltar que la orden de desalojo fue solicitada al Ministerio Público, MP, de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, por la empresa Chabil Utzaj, esto pese a que los representantes de ese ingenio azucarero habían enviado cartas de oferta a la Secretaría de Asuntos Agrarios, para la venta de las fincas Paraná y Tinajas.
El 27 de enero, un día antes, en que se llevarían a cabo los desalojos se supo que se habían suspendido, pero la incertidumbre en las familias campesinas continúa porque la suspensión de los desalojos es temporal y se desconoce la fecha en que se lleven a cabo.

Las personas que habitan en las comunidades Bella Flor, Paraná y Tinajas son parte de las 800 familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, en marzo de 2011, y gozan de Medidas Cautelares dictadas por la CIDH en junio de ese año.
Hasta el momento, el Estado ha entregado tierra a 222 familias de las 800 desalojadas, incumpliendo las Medidas Cautelares y la promesa de Otto Pérez, de que no descansaría hasta entregarles tierra y un traslado digno a la totalidad de las familias desalojadas en el 2011.

En relación a lo anterior este 5 de febrero el Comité de Unidad Campesina –CUC- y organizaciones miembros de la Asamblea Social y Popular presentaron al Gobierno un documento en donde se demanda resolver la situación agraria del Polochic, dando un plazo de 30 días hábiles para hacerlo.

De acuerdo con Rafael González, dirigente del CUC, en el documento se exige al Gobierno de Jimmy Morales que se implemente un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, esto lleva implícito la entrega de tierra a las 578 familias desalojadas que están pendientes de que el Estado les cumpla. Además se busca convertir al Valle del Polochic en una región productiva en donde el Estado proteja y adquiera la producción campesina garantizando precios estables al productor y consumidor.

Redacción: José G. Cubur

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