Solicitan una Comisión en el Congreso que investigue desalojos en Alta Verapaz

Guatemala, 04.04.2011 (Cerigua).- Organizaciones guatemaltecas e internacionales y personas particulares pidieron al Congreso de la República conformar una comisión investigadora que requiera información a las entidades que intervinieron en los desalojos realizados en el valle del Polochic, Alta Verapaz, en donde aseguran el Estado guatemalteco incumplió sus obligaciones derivadas de los pactos internacionales de derechos humanos.

Las entidades publicaron un campo pagado en el que solicitaron al presidente Álvaro Colom ordenar la detención de desalojos y la destrucción de viviendas y cultivos en esa región, así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) coordinar el diálogo entre la población afectada y los supuestos dueños de las fincas.

Al Congreso de la República, las organizaciones solicitaron conformar una comisión investigadora que requiera información documentada al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al Organismo Judicial, al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Registro de la Propiedad y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

La información requerida al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público (MP) está relacionada con los actos del personal policial, la participación de efectivos militares y de cuerpos armados no oficiales que intervinieron en el desalojo a mediados de marzo pasado, en donde murió un campesino y varios más fueron heridos.

Asimismo, solicitan al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad que otorgó un préstamo a las familias que reclamaban la propiedad, entregar una copia de la normativa que rige los financiamientos a particulares en la región centroamericana, especialmente en los proyectos en zonas sensibles en materia ambiental o pueblos indígenas.

Al Fondo de Tierras (FONTIERRAS) las organizaciones requirieron un informe sobre la identificación de las de las demandas de las comunidades indígenas en Alta Verapaz, las alternativas viables y su plan de acción.

Las organizaciones campesinas por su parte, deberían entregar a dicha Comisión un informe sobre el estado de las negociaciones entre sus respectivas representaciones y las personas individuales y jurídicas gestoras de la orden de desalojo, si las hubo.

Se solicita que la comisión legislativa de investigación en el Congreso dictamine en un plazo no mayor a 120 días, sobre la posición del Estado de Guatemala ante los hechos, lo actuado y lo omitido y se constituya en garante de que cada una de las instituciones funcionará, según sus respectivas normativas y mandatos, indicaron las entidades en la publicación.

Entre las organizaciones firmantes se encuentra la Alternativa Antimilitarista de Canarias España, Asociación Comunicarte, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, el Colectivo de Estudios Rurales IXIM; entre las personas particulares están Alfonso Bauer Paiz, Ana Cofiño, Ana Silvia Monzón, Andrés Cabanas, Arturo Albizures, Carlos Figueroa Ibarra, Carolina Escobar Sarti, Leonor Hurtado, Ileana Alamilla, entre otros más.

Descargar Declaración
Fuente: Cerigua

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